jueves, 10 de abril de 2014

Cuando los artistas pasan a segundo plano por el interés privado

De manera apresurada y sorpresiva, entró a la corriente legislativa en sesiones extraordinarias, impulsada por el Ministerio de Cultura y Juventud, un proyecto de ley que pretende crear el Centro Nacional de las Artes Escénicas (Cenae). Una ley que no fue consultada, mucho menos consensuada, con el gremo de las escenas costarricenses (teatro y danza, principalmente).

Y uno que puede ser menso, pero no manso, sospecha cuando esas cosas suceden en la acción política. Y ciertamente, el asunto no huele bien, y no lo hace solamente por su carencia de legitimidad artística, sino porque además su contenido es como aquel refrán: "cuando el río suena, piedras trae". 

La propuesta surge por razones en principio válidas: hay que evitar que algunos funcionarios de confianza adquieran condición de servicio civil y se vuelvan inamovibles, pero además hay que agilizar los procesos y el funcionamiento del Teatro Popular Melico Salazar y de las entidades que estarían adscritas a esta entidad: las dos compañías y los dos talleres nacionales (de teatro y danza), así como el programa Proartes.

Evidentemente, para crear esta entidad, cuyo personal será alimentado por el actual de esas entidades -lo que requerirá una reorganización administrativa-, debe eliminarse la ley actual del Melico Salazar. Muchas de las funciones de esa ley vieja pasarían a la nueva. 

Hasta aquí, pareciera bien, sin embargo...¿adivinen qué? Hay gallo tapado. Me explico: la propuesta del Cenae crea la figura de un "Director Ejecutivo" con gran poder, funcionario de confianza del ministro de turno, que podrá contratar hasta cierto monto concedido por la Junta Directiva, lo que facilitará la dinámica para que las empresas privadas de espectáculos (las productoras) puedan no solo pagar menos de la tarifa actual, sino vender bienes y servicios a la entidad con más facilidad. Eso podría verse bien, pero resulta que en la Junta Directiva, como en la Dirección Ejecutiva, los artistas brillan por su ausencia. Todos los puestos de la Junta serán nombrados por el ministro y serán profesionales principalmente técnicos: un abogado, un economista o administrador y un representante del Ministro (o él mismo), así como "dos representantes del sector de las artes escénicas nacionales que no tengan vinculación laboral o contractual al Cenae" (Ley 19045). Es decir, esta Junta Directiva, en conjunto con la Dirección Ejecutiva, podrá decidir y disponer de los recursos que son para los artistas de los programas adscritos (CNT, CND, TNT, TND, Melico Salazar y Proartes), sin que ellos puedan hacerlo. Según entiendo, no serían sus intereses los que ejecute ese director o esa junta, sino otros impoderables.

Es creado, empero, un Consejo Artístico Asesor, que conformaría los directores de los 6 programas adscritos, aunque sus funciones solamente serán la de coordinar los programas con el Director Ejecutivo, los proyectos conjuntos y el desarrollo de nuevos. Pero el tema de la contratación queda en manos exclusivas de la Junta y el Director Ejecutivo, así las cosas si la CND quiere hacer una gira con un productor de calidad, adecuado a la especificidad artísticas y mejor precio, al final tendría que ajustarse al que decida el Director Ejecutivo o, en último caso, la Junta. En otras palabras, los artistas no tendrán poder sobre los recursos que son para ellos.

En el sentido democrático, además, esta ley propicia un desbalance en el principio democrático de los pesos y contrapesos, porque el exceso de poder en unas manos permitirá, tarde o temprano, el amiguismo y el tráfico de influencias, así como el clientelismo, detestable práctica en la dinámica política costarricense.

Pero además, el Cenae pasaría a administrar varios reductos escénicos importantes, como son el Teatro 1887, el de la Danza, el salón Marco Lemaire, el Teatro La Aduana y la Sala Juan Enrique Acuña del Museo Calderón Guardia, espacios que usualmente están siendo usados por los productores de espectáculos escénicos.

Asimismo, la nueva ley faculta al Cenae para recibir donaciones: "contribuciones, patrocinios y donaciones, de las instituciones públicas, de las municipalidades, de las empresas privadas, de las organizaciones civiles y de personas particulares". 

Así las cosas, no es extraño que los productores independientes de la escena (los que traen conciertos, los que venden servicios de tarimas, sonido, entre otros), estén muy interesados con que esta Ley sea aprobada lo más rápido posible. Por otra parte, aunque ciertamente se agilizará la dinámica de contrataciones, es relevante que estas contrataciones no corresponderán necesariamente al interés del artista, y esa puerta ya no podría ser reglamentada. Y eso, en principio, no huele bien.

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